AAA     
en es

Traductor:  

Código de Ética

Definimos el Código de Ética como el catálogo de compromisos mínimos de comportamiento institucional y personal por parte de los empleados de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PRINCIPIOS ETICOS

La Contraloría asume la realización de los siguientes principios:

A). De la Administración Pública

A.1.) De rango Constitucional (artículo 209 de la Constitución Política):

IGUALDAD E IMPARCIALIDAD: Tratamiento en condiciones iguales para todas las personas. Es la ausencia de parcialidad, expresión entendida como la cualidad de no favorecer en el trato a uno perjudicando a otro. Obrar dando a cada quien lo que le corresponde. Las situaciones y los hechos iguales tendrán igual tratamiento.

La igualdad de la ley no es una generalidad abstracta sino material y concreta.

En virtud del principio de imparcialidad la Contraloría debe deben actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar el ejercicio de sus funciones, sin ningún género de discriminación; por consiguiente, debe darles igualdad de tratamiento a todas las personas, respetando el orden en que actúen ante ellas. (C.C.A.art.3).

MORALIDAD: Conjunto de valores o formas de comportamiento acogidas y practicadas por una sociedad. Costumbres consideradas como provechosas para un conglomerado.

En armonía con los expuesto por la Corte Constitucional de Colombia, “en tratándose de la costumbre, es ostensible que su fuerza obligatoria viene directamente de la comunidad, es decir, del pueblo, sin que pueda hablarse de que éste delega su poder. Así como los hechos sociales llevan al legislador a dictar la ley escrita, esos mismos hechos, en ocasiones, constituyen la ley por sí mismos. No tendría sentido a la luz de la democracia reconocerle valor a la ley hecha por los representantes del pueblo, y negársela a la hecha por el pueblo mismo, que es la costumbre”. (Sent. C-224/94).

EFICACIA: Consiste en el logro de resultados esperados. Cumplimiento de metas y objetivos, proyectos, decisiones y obligaciones en la actividad administrativa, en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

No sólo se procurará la eficacia jurídica entendida como lograr que una norma o un acto produzcan efectos jurídicos. También se busca la eficacia fáctica, la cual trasciende el mundo de lo jurídico y consiste en que la norma produzca efectos reales o materiales.

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo, de oficio o a petición del interesado de acuerdo con lo previsto en el C.C.A. art. 3.

La evaluación de este principio se realiza por medio de indicadores.

ECONOMÍA: Es el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a una función administrativa. Busca que, en igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios se obtengan al menor costo. Logro del máximo rendimiento con los menores costos. Supone una valoración de los insumos frente a los productos o resultados de la gestión. En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. (C.C.A. art. 3).

La evaluación de este principio se realiza pro medio de indicadores.

CELERIDAD: Rapidez y oportunidad con la que se deben realizar las diversas actuaciones administrativas. Implica la supresión de pasos, tiempos, movimientos, soportes, documentos, firmas, copias, etc., no indispensables, o que no agregan valor al producto.

PUBLICIDAD: Comprender que las funciones de la Contraloría son de naturaleza pública. No sólo tiene como finalidad procurar el cumplimiento de los actos oficiales. Se relaciona con el derecho que los ciudadanos tienen de saber sobre la forma como se manejan los intereses comunes confiados por la sociedad a la Contraloría y a las entidades sometidas a su control.

Se darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan el Código Contencioso Administrativo y la ley. (C.C.A. art. 3). Quedan exceptuados los documentos y actuaciones sometidos a reserva por decisión expresa de la Constitución y la ley.

A.2.). De rango legal:

A21) Ley 489 de 1998:

BUENA FE: En el sentido de la Constitución: creer en la rectitud y honradez de las personas en sus actuaciones particulares y en sus relaciones con las autoridades públicas. La buena fe se presume y por consiguiente toda consideración en contrario debe ser probada por la propia administración.

La buena fé aplica entre los funcionarios de la entidad, entre éstos y los usuarios o destinatarios de la actividad de la institución y se reclama también a terceros a favor de las actuaciones de los funcionarios de la Contraloría.

El principio no exonera el cumplimiento de requisitos legalmente exigidos para el trámite de una decisión o el reconocimiento de un derecho.

EFICIENCIA: Competencia o idoneidad para el desempeño de una función. Aptitud para la realización de una labor.

Implica la asignación de los medios más adecuados (personal, insumos, procesos) y su optima utilización.

Relaciona el producto con los insumos o los factores. Así, se puede medir la eficiencia económica en términos de costos por unidad producida. La eficiencia técnica relaciona las especificaciones del producto con las especificaciones o los estándares prefijados. Una máquina lo mismo que una actividad, pueden ser eficientes en términos técnicos y al mismo tiempo ineficientes en términos económicos.

La evaluación de este principio se realiza por medio de indicadores.

PARTICIPACIÓN: Derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos. La Constitución vigente es sistemática en la promoción de un estado participativo. En los asuntos de la administración pública, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público.

La Contraloría actuará con disposición a la ciudadanía. La participación se manifiesta de manera especial en el control social de la gestión fiscal.

RESPONSABILIDAD: La Contraloría permanece atenta para asumir las responsabilidades que le correspondan.

También procura que sus agentes asuman la responsabilidad que les corresponde en los órdenes disciplinario, fiscal, penal, civil, político.

TRANSPARENCIA: La Contraloría actúa, en forma clara, a la vista y conocimiento de los ciudadanos.

A.2.2.). Del Código Contencioso Administrativo:

CONTRADICCIÓN: Los actos y las decisiones de las autoridades, por virtud de este principio y de las normas legales que lo desarrollan, están expuestas a ser controvertidas ante la propia administración así como ante las instancias judiciales. Los actos de interés general son susceptibles de impugnación por cualquier persona, en tanto que los de interés particular lo son por los directamente interesados.

B). Específicos del Control Fiscal:

De rango Constitucional (artículo 267 de la Constitución Política) y legal (L.42 de 1993, art.8):

EFICIENCIA: “Que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados”.

LA ECONOMÍA: “Que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo”.

EFICACIA: “Que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”.

EQUIDAD: “Que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales”.

VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES: Que permita medir “el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos públicos”.

OTROS PRINCIPIOS ACOGIDOS POR LA CONTRALORÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Nuestro compromiso fundamental es con la comunidad que habita el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nuestras acciones van dirigidas a la protección de los intereses generales de esa comunidad.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Somos concientes de las amenazas y alteraciones a la sostenibilidad ambiental por la acción humana en el Archipiélago, y promovemos acciones para su restablecimiento y protección.

CALIDAD DEL SERVICIO: El compromiso es la entrega de resultados en forma oportuna, clara y precisa que otorgue valor agregado a la función pública y la ejecución de los recursos con que cuenta el Estado para el beneficio de la comunidad.

DISPOSICIÓN AL CONTROL CIUDADANO: Como integrantes de un ente de control estamos sujetos a la verificación de los ciudadanos del cumplimiento de nuestras obligaciones en el ejercicio del Control Fiscal. Siempre estamos dispuestos a responder al constituyente primario.

COMPETENCIA Y PROACTIVIDAD: Las acciones de los empleados de la Contraloría están enfocadas al mejoramiento continuo, a la garantía de la correcta utilización de los recursos públicos, siempre estamos con el propósito de agregar valor a la gestión pública. Asumimos actitudes orientadas a enfrentar los hechos, contrarrestar situaciones, disponer de iniciativas con sentido creativo.

VALORES ETICOS

En la contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina actuamos bajo los siguientes valores éticos:

HONESTIDAD

Para el cumplimiento de la misión Constitucional e institucional de la Contraloría, así como su razón de ser, nuestro comportamiento se ajusta a la rectitud.

RESPETO Y TOLERANCIA

Escuchamos a los demás y reflexionamos sobre las razones que les asisten. Predicamos la aceptación mutua. Evitamos la discriminación, los juicios subjetivos y las reacciones desproporcionadas.

COMPROMISO

Tenemos la voluntad dispuesta para el cumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de las funciones y resolver los obstáculos. La misión y las obligaciones de la Contraloría son la guía de nuestra acción individual.

LEALTAD

Honramos nuestros compromisos, reconocemos los niveles de autoridad. Ayudamos a nuestros superiores y compañeros en el cumplimiento de sus responsabilidades.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

La modernización del Estado y las políticas de lucha contra la corrupción a nivel mundial, obligan a los empleados de la Contraloría a estar a la vanguardia de los avances, atentos y preparados para los cambios.

Comprendemos que la ciencia y la tecnología en todos los frentes evolucionan, ahora, a ritmos acelerados. De la misma manera se sofistican las irregularidades contra los intereses públicos confiados al sector público.

Con capacitación y disposición de cambio atendemos la evolución de los fenómenos sobre los cuales debemos intervenir.

TRABAJO EN EQUIPO

Compartimos información. Socializamos los conocimientos. Unificamos criterios. Sumamos esfuerzos individuales. Actuamos con solidaridad en nuestras relaciones con compañeros y superiores. Tratamos amable y dignamente a los demás empleados y atendemos sus recomendaciones y sugerencias.

DIRECTRICES ÉTICAS

Se acogen básicamente las siguientes directrices:

CON LAS CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECIÓN POPULAR

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cumple con los lineamientos legales en materia de rendición de cuentas, las cuales se hacen de manera oportuna y fidedigna, de igual manera se le presentan los informes legales a la Duma Departamental y al Concejo de Providencia para que ejerzan su correspondiente control político.

CON LOS SUJETOS DE CONTROL

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realiza el control fiscal con sujeción a las normas legales, y la Resoluciones previamente difundidas con la suficiente ilustración y tiempo para una correcta aplicación, respetando el debido proceso de sus vigilados, prestando apoyo permanente, concertando los puntos que deben ser mejorados con seguimiento especial que redunde en el beneficio de la entidad auditada, adelantando los procesos legales que se consideren oportunos.

CON ORGANOS DE CONTROL Y JUDICIALES

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, interactúa con los órganos de control y las entidades judiciales, de manera completa, diligente y oportuna, dando traslado tanto de los procesos como de la información solicitada de manera integra.

CON LA COMUNIDAD

La Contraloría promueve la participación de las comunidades por medio de la capacitación en temas afines y permitimos que éstas realicen un efectivo control social a la gestión pública.  Atiende las inquietudes, denuncias y quejas, protegemos los bienes públicos, actuamos y decidimos de manera imparcial, sin dejarnos influenciar por intereses particulares o políticos. Divulga a toda la comunidad el resultado de su gestión administrativa y del ejercicio del control fiscal. Capacita a los ciudadanos para el control social.

CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

La Contraloría reconoce la legitimidad de las entidades públicas. Promueve la discreción sobre la información que conoce de las entidades y de aquella que le es encomendada para su custodia. Presta colaboración a las demás instituciones, bajo la premisa de que todas las instituciones públicas dirigen su actividad hacia un propósito común.

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Contraloría suministra a los medios de comunicación los resultados de la gestión fiscalizadora de manera verídica, oportuna y clara, para que éstos sean divulgados en forma amplia. Por medio de sus empleados, la Contraloría se hace responsable de la información que suministra y de las consecuencias que de ello se deriven.

CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

La Contraloría establece y mantiene con los contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento y equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales  para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de nuestra misión.

CON EL MEDIO AMBIENTE

Los servidores públicos de la Contraloría somos conscientes de la importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos,  contribuimos a mejorar las condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad, asumimos políticas de higiene y seguridad y optimizamos los recursos medioambientales.

Desde la entidad se pretende por que las entidades vigiladas adopten acciones para mitigar los impactos al medio ambiente en desarrollo de sus acciones.